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                           ACLARACIÓN FRAUDES ELÉCTRICOS

Con motivo de los expedientes sobre fraudes eléctricos iniciados en la Mancomunidad de la Sagra Alta ante las distribuidoras eléctricas, la OMIC de la Mancomunidad Sagra Alta y Sagra Baja, con sede en Illescas (Toledo), ha considerado conveniente aportar la siguiente información: en la OMIC se han registrado durante los años 2014 y 2015 más de 400 expedientes de reclamación en los que los consumidores manifestaban haber recibido una factura complementaria por parte de la comercializadora, en la que informaban que la distribuidora de la zona Unión Fenosa Distribución, S.A., había detectado una irregularidad en su contador y por ello, procedían a emitir una factura sorpresa, desde 200€ hasta incluso 5000€, con la que procedían a recuperar la energía que no se había facturado durante el período de la supuesta irregularidad que, en muchos casos, denominaban fraude eléctrico que impedía registrar el consumo de energía por parte del contador.

Estos hechos no han estado exentos de polémica debido a diversas causas: la gran mayoría de los consumidores han negado las manipulaciones, los contadores se encuentran en la calle al alcance de cualquiera, la distribuidora no avisaba de las revisiones de contadores, se han detectado manipulaciones en viviendas deshabitadas, segundas residencias con bajo consumo, viviendas en venta…

¿Qué función desempeña la OMIC?

En este caso, la intermediación del la OMIC ante estas reclamaciones, suponía un respiro para los consumidores durante el trámite de la reclamación debido a que durante el lapso en que la OMIC se ponía en contacto con la empresa y ésta contestaba, el consumidor no tenía la obligación de pago de la misma hasta recibir la contestación. A este respecto, hasta la fecha de publicación (08/03/16) la OMIC de la Mancomunidad Sagra Alta consiguió un importe total de devolución para los consumidores de 195.614,82€. Así mismo, la OMIC también mediaba con las comercializadoras para acordar un plan de pago fraccionado y, en caso de no anular la factura, se procedía a trasladar el expediente a la Dirección Provincial de Industria quien tiene la competencia sobre la distribuidora que es quien localizaba el supuesto fraude.

Respecto a las actuaciones de la OMIC con la comercializadora que emitía la factura complementaria, se solicitaban las pruebas pertinentes sobre la manipulación así como el histórico de lecturas de los últimos años y el contrato de alta firmado por el consumidor. Si no presenta el contrato firmado, se traslada el expediente a la D. P. de Consumo quien lo podrá tipificar, si corresponde, como infracción administrativa.

Ante estos hechos, el 29 de mayo de 2015 la OMIC de la Mancomunidad Sagra Alta, se puso en contacto con el Defensor del Pueblo para trasladar los hechos que estaban ocurriendo en los 14 municipios pertenecientes a la Mancomunidad (también ocurrían en toda la provincia). El día 23/06/15, se recibe contestación por parte del citado organismo en el que manifiesta que:

esta Institución ya ha trasladado a la Secretaría de Estado de Energía su preocupación por las consecuencias que comporta la detección de un fraude (penalizaciones económicas, y reducción de los plazos de notificación) y consiguiente necesidad de que el procedimiento que lleva a la detección de ese fraude (…) se desarrollen con las debidas garantías para los ciudadanos, respetando siempre el derecho a la presunción de inocencia”.

No solo el Defensor del Pueblo se ha pronunciado sobre este asunto, sino que han sido varios los organismos que lo han hecho:

En relación a las revisiones realizadas sin la comunicación al interesado por parte de la Distribuidora, acudimos a un informe publicado por la Comisión Nacional de la Energía con fecha de 7 de marzo de 2013, done establece en su apartado 3 Preguntas Planteadas lo siguiente: “Esta Comisión, tal y como ha manifestado en anteriores informe de la misma naturaleza, entiende que dado que el consumidor es el responsable del equipo de medida, tal y como establece se establece en el citado artículo 12.1.b) del R. D. 1110/2007, la empresa distribuidora, ante cualquier actuación que vaya a realizar sobre el equipo de medida (…) deberá notificar al consumidor, como responsable del punto de medida, la fecha exacta en la que se va a ejecutar dicha actuación y su alcance.”

En todo caso, entendemos que debe prevalecer la presunción de inocencia del titular de suministro respecto de quién ha efectuado la irregularidad y el presunto fraude, pues el contador se encuentra en la fachada de las casas al alcance de cualquier ciudadano y, en muchos casos, el consumidor no dispone de la llave del cajetín. Por lo tanto, independientemente de que el consumidor pudiera considerarse como único responsable, habría que esclarecer quién y cuándo lo manipula, sin embargo, éstas circunstancias no son exigibles por la normativa sectorial.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), también ha publicado un informe titulado: INFORME SOBRE ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Expediente nº: PDN/DE/001/15

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Informes/150716_INF_PDN_DE_001_15.pdf

Según podemos leer en el apartado 1.4 del citado Informe en la página 18: la CNMC manifiesta que: “La falta de precisión de dicha normativa ha provocado que las actuaciones de las empresas distribuidoras en lo que se refiere a la refacturación de cantidades defraudadas u objeto de anomalías en los equipos de medida, adolezcan en muchas ocasiones de la transparencia y rigor necesarios para garantizar los derechos de los consumidores. (…)

A continuación, en el apartado 1.5 titulado “Necesidad de eliminación del incentivo a la reducción del fraude en el sistema eléctrico” anuncia que: “Como se ha señalado, en el artículo 40 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, se ha introducido un nuevo incentivo a las empresas distribuidoras para lograr una disminución del fraude de energía eléctrica, al ser éstas las titulares de las redes y las encargadas de lectura. Dicho incentivo se percibiría cada año n en base al fraude detectado (…)

Se considera que caso de que se llegase a llevar a cabo la propuesta planteada en el presente informe, se entiende que devendría en inadecuada la existencia del citado incentivo a la reducción del fraude, por lo que cabría su eliminación”

Por último, la CNMC, indica que “Respecto a la capacitación para realizar las verificaciones, se propone que las mismas sean realizadas bien por personal propio de la empresa distribuidora, acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), bien a través de Organismos de Control Autorizado (OCA) contratados por las empresas distribuidoras a tales efectos.

En todos los casos, dichos profesionales tendrán la condición expresa de verificadores de fraude y la acreditación les permitirá actuar en todo el territorio nacional, teniendo la misma una vigencia cuatrienal.

¿Qué es la Garantía? Art. 114 y ss del R. D. L. 1/2007 de la LGDCU 

La garantía es un derecho que se adquiere con la compra o contratación de un bien o servicio por parte de un consumidor. (Recordemos que los consumidores son aquellas personas ajenas a una actividad comercial, profesional o empresarial)

La garantía de un bien o servicio la ofrece el vendedor (solo se podrá acudir al productor en caso de que resulte imposible dirigirse al vendedor) y, en el momento en que surja un defecto de conformidad en el bien o servicio, el consumidor podrá optar entre:

-la reparación del bien

-o la sustitución.

La decisión que tome el consumidor, deberá comunicarla al establecimiento vendedor salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. Desde el momento en que el consumidor y usuario comunique al vendedor la opción elegida, ambas partes habrán de atenerse a ella

 En caso de que, una vez entregado el bien para su reparación o sustitución, no se consiguiera solucionar la disconformidad del producto o servicio, el consumidor podrá optar por la rebaja del precio o la resolución del contrato, teniendo en cuenta que la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad (el defecto) sea de escasa importancia.

Del mismo modo, cabe destacar que: “La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del producto se equiparará a la falta de conformidad del producto cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa o suministro regulados en el artículo 115.1 y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad, o por el consumidor y usuario cuando la instalación defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalación”

En otras palabras, si compramos un bien que requiere una instalación, por ejemplo, un aire acondicionado, si la instalación está incluida en el precio y precisamente por una instalación incorrecta (que nos ha facilitado el vendedor), el aire acondicionado no funciona, debemos saber que es susceptible de garantía. También se incluye en garantía si el consumidor (personalmente) realiza la instalación siguiendo las instrucciones de uso y esas instrucciones fueran erróneas de tal forma que la instalación errónea impidiese un correcto uso del producto

Régimen de la reparación y sustitución:

La reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas:

  • Serán gratuitas para el consumidor y usuario y comprenderá los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales.
  • Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable
  • La reparación suspende el cómputo de los plazos de garantía (art 123,) es decir, si un bien se encuentra en el servicio técnico para su reparación, ese plazo no computa para la garantía, de tal forma que, una vez entregado el bien reparado al consumidor, se reinicia el plazo de garantía donde se quedó antes de su reparación.
  • Durante los seis meses posteriores a la entrega del producto reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan en el producto defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.
  • El consumidor y usuario no podrá exigir la sustitución en el caso de productos no fungibles, ni tampoco cuando se trate de productos de segunda mano.

Plazos de la Garantía:

Según el art. 123 del R. D. L. 1/2007 los plazos de la garantía son los siguientes:

  1. El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega (de un bien nuevo). En los productos de segunda mano, el vendedor y el consumidor y usuario podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto, sea éste nuevo o de segunda mano, ya existían cuando la cosa se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad.

Lo anteriormente expuesto significa que la garantía de un producto dispone de 2 plazos diferenciados, a saber:

Un producto nuevo tiene un plazo de garantía de 2 años, sin embargo, esos 2 años se dividen de la siguiente manera: se considera que las faltas de conformidad (defectos) que se manifiesten en los 6 primeros meses, ya existían cuando la cosa se entregó, es decir, se presupone que el producto antes de su venta ya era defectuoso y el consumidor no debe presentar ninguna prueba para acogerse a la garantía. A partir del mes 7 hasta el mes 24 de la garantía, si se  manifiesta un defecto, ya no se da por supuesto que el defecto existía antes de la venta, de tal forma que si queremos que ese defecto lo cubra la garantía, debemos presentar pruebas que acrediten que el defecto de funcionamiento ya existía antes de la compra aunque hay empresas que conceden 2 años totales de garantía

Un producto de segunda mano: es similar al caso anterior pero con una diferencia: los defectos que se manifiesten durante los 6 primeros meses se presupone que ya existían antes de la entrega del bien y, en consecuencia susceptibles de garantía, la diferencia está en que ya no se dispone de 24 meses de garantía para que el consumidor demuestre que el defecto ya existía antes de la compra sino de 12 meses.

Además, hay que tener en cuenta que el vendedor está obligado a entregar al consumidor o usuario que ejercite su derecho a la reparación o sustitución, justificación documental de la entrega del producto, en la que conste la fecha de entrega y la falta de conformidad que origina el ejercicio del derecho.

Del mismo modo, junto con el producto reparado o sustituido, el vendedor entregará al consumidor o usuario justificación documental de la entrega en la que conste la fecha de ésta y, en su caso, la reparación efectuada.

Garantía Comercial Adicional:

Es una ampliación de la garantía legal que detallábamos anteriormente que el consumidor puede contratar abonando un precio establecido para ello. La garantía comercial deberá formalizarse por escrito o en cualquier otro soporte duradero y directamente disponible para el consumidor

La garantía adicional expresará necesariamente:

  • a) El bien o servicio sobre el que recaiga la garantía.
  • b) El nombre y dirección del garante.
  • c) Que la garantía no afecta a los derechos legales del consumidor y usuario ante la falta de conformidad de los productos con el contrato.
  • d) Los derechos, adicionales a los legales, que se conceden al consumidor y usuario como titular de la garantía.
  • e) El plazo de duración de la garantía y su alcance territorial.
  • f) Las vías de reclamación de que dispone el consumidor y usuario.

En general, en los productos de naturaleza duradera, el consumidor y usuario tendrá derecho a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos durante el plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha en que el producto deje de fabricarse

Por último, hay que tener en cuenta que  la acción o derecho de recuperación de los productos entregados por el consumidor y usuario al empresario para su reparación prescribirá a los tres años a partir del momento de la entrega.

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Son muchas las consultas y reclamaciones que recibimos en la OMIC sobre el sector eléctrico: facturas con importes elevados, a quién hay que reclamar en caso de corte, qué conceptos o servicios están cobrando en la factura, qué tarifa tienen contratada…

Para aclarar las dudas, vamos a definir a continuación una serie de conceptos y facilitar información que ayude a comprender mejor la relación de los consumidores con las compañías eléctricas:

Distribuidora: es la compañía que se encarga del tendido eléctrico y de que el suministro llegue hasta nuestra casa. Es la responsable de dar de alta el punto del suministro, del mantenimiento de los contadores, de realizar la lectura y de reparar las averías. De ella depende la calidad del servicio.

En los 14 municipios de la Mancomunidad Sagra Alta, la distribuidora es Unión Fenosa y es fija, es decir, no podemos cambiar de distribuidora porque cada zona geográfica tiene una asignada.

Comercializadora: es la que emite las facturas que pagamos. Es de libre elección para el consumidor y es con quien tenemos el contrato y podemos, a su vez, contratar otros servicios, seguros…

En el contrato que tengamos con ella se establece la tarifa que nos van a facturar. También se encarga del servicio de atención al cliente, del envío de facturas…

Dependiendo del tipo de reclamación que vayamos a efectuar debemos llamar a la distribuidora o comercializadora:

Llamaremos a la distribuidora: en caso de que no haya suministro, se produzcan cortes… todo lo relacionado con el suministro.

Llamaremos a comercializadora: si hubiera un error en la aplicación de la tarifa, si nos cobran un seguro o servicio que hayamos dado de baja, si la dirección de envío de facturas es incorrecta… 

Información sobre Tarifas, existen 2 tipos, las reguladas por el gobierno y las de libre mercado.

                     TARIFAS REGULADAS POR EL GOBIERNO:     

  1. Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor PVPC (antes conocida como Tarifa de Último Recurso T. U. R.)

Es una tarifa regulada por el Gobierno ya que el Ministerio de Industria establece el precio para los consumidores según indica la encargada de fijar el precio que es Red Eléctrica Española.

Requisitos para acogerse a esta tarifa:

Tener contratada una potencia inferior a 10kwh.

-Contratar con un comercializador de Referencia que son:

COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA Teléfono   

   

E-MAIL para solicitar el Bono Social si se cumplen los requisitos
Endesa Energía XXI, S.L.U. 800 760 333 Cefaco_Contratatación_Social@endesa.es
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 900 225 235 bonosocial@iberdrola.es
Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 900 100 283 bonosocial@gasnatural.com
EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 900 902 947 bonosocial@edpenergia.es
E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. 900 11 88 66 bono_social@eon.com

 ¿Cómo se calcula la tarifa de Precio Voluntario Pequeño Consumidor?

Según las condiciones establecidas por la oferta y la demanda y reguladas por el gobierno, el precio de cada hora es distinto, de tal forma que al día tenemos 24 precios. Al final del ciclo de facturación hacen la media de todos los precios y multiplican los kwh consumidos por el precio de la media, por ejemplo (las tarifas son revisables):

300 kwh consumidos x 0,08€ (que sería la media del kwh )= 24€. A esta cantidad habría que sumar los mismos conceptos que en las tarifas de libre mercado, es decir: término de potencia, alquiler de contador, impuestos, tarifa de acceso…

Para conocer el precio de la luz durante cada hora del día pinche el siguiente enlace: http://tarifaluzhora.es/

Puede parecer complejo pero no lo es, posiblemente pueda ser la tarifa más económica que encontremos aunque siempre recomendamos comparar.

Discriminación Horaria

Se puede contratar tanto en libre mercado como en el mercado regulado. La diferencia es que en el mercado regulado el precio lo establece el gobierno y en el libre mercado, es la ley de la oferta y la demanda.

Según la tarifa y las condiciones del contrato, se determinan unas horas punta, por ejemplo: de 12 a 22 horas en las que nos tarifican el kwh a 0,13€ y en horas valle, de 22 a 12 lo tarifican a 0,06kwh (precios revisables)

BONO SOCIAL

Para conocer las condiciones necesarias y acogerse al Bono Social, se facilita un enlace en el que se detalla toda la información para: Pensionistas, Familias Numerosas y Desempleados

http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE-A-2009-10672.pdf

TARIFAS DE LIBRE MERCADO:

El precio lo establecen las Comercializadoras según el coste de producción de energía y la oferta y la demanda. Suelen llevar asociadas promociones por la contratación de otros productos y servicios así como penalizaciones por baja anticipada.

¡¡¡Recomendamos una especial atención!!! en el momento de contratar en libre mercado, ya que en muchas ocasiones, estos servicios (de protección de pagos, de averías y urgencias, de reparación…) se contratan marcando en una casilla una sola “x” sin que el consumidor sea consciente de ello, sin embargo, en el momento en que llame a la comercializadora para darlo de baja, le indicarán que tiene una penalización por baja anticipada.

Actualmente, son muchas  las comercializadoras que ofrecen distintas tarifas:

Ø  Promociones: en las que cobran el kwh a un precio determinado, por ejemplo a 0,14€ y aplican un descuento en el término de potencia  por la contratación de algún servicio o seguro.

Ø  Otras ofrecen una Cuota Fija en la que el consumidor paga durante 11 meses el mismo precio y en el último mes de vida del contrato, se regula el consumo.

Ø  Otra distinta es la Tarifa Plana en la que, dependiendo de un consumo estimado que podamos hacer, contratamos, por ejemplo, 2500kw anuales y, una vez consumidos nos cobran el kwh fuera de la tarifa, por ejemplo a 0.26€.

Ø  También existen combinados en los que en la misma factura incluyen el consumo de gas y el consumo eléctrico, aplicando un descuento por unificarlo en la que pueden cobrar el kwh, por ejemplo a 0,14€

Enumerar y describir cada una de ellas es imposible debido a que cambian continuamente ajustándose a precios de mercado y según actúa la competencia, por lo tanto, cada consumidor  deberá comparar con qué compañía y qué tarifa le puede resultar más económica, teniendo en cuenta siempre la Tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor que hemos comentado antes que es más sencilla.

Facilitamos un enlace a un simulador de factura para comprobar si es correcta: http://facturaluz.cnmc.es

 ¿Qué conceptos se incluyen en la factura?

Término fijo de potencia contratada: es una cantidad que se paga mensualmente  aunque no se haya consumido ningún kWh. Es la garantía de conectar la potencia especificada en el contrato (3.45 kw, 4.6 kw, 5.75 kw…) siempre que lo necesite. El importe se obtiene multiplicando la potencia contratada por un coeficiente actualizado periódicamente por el Gobierno y por el nº de días que corresponde a su factura. Ejemplo:

Potencia contratada de 4.4kw x 30 días x 0.103944€(coeficiente) =13.72

Tarifa de Acceso: es la tarifa que hemos contratado y que pueda estar regulada por el gobierno o en el mercado libre. Determina a qué cantidad nos cobran el kwh

Peajes: es el coste que tiene la comercializadora por usar las redes de la distribuidora. El precio es fijado por el Gobierno y es obligatorio mostrar dicho importe en cada factura

Impuestos: existen 2 tipos:

-El impuesto especial de electricidad al 5.11% (revisable)

-El IVA, que actualmente está en el 21%

Consumo de kwh: se corresponde con los kw que efectivamente hemos consumido y que se multiplican por el precio del kwh que tengamos en la tarifa. Este consumo es variable cada mes, es decir, lo podemos reducir o aumentar en función del uso que hagamos del suministro eléctrico

Otros servicios: se trata de aquellos servicios adicionales que hayamos contratado. Estos servicios, se contratan en el mercado libre, y pueden ser de protección de pagos, de averías y urgencias… que, en cada caso, se detallan en la factura.

 

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